El Senado español ha dado luz verde a una propuesta legislativa que transforma las normas relacionadas con el despido automático de empleados que enfrentan incapacidad permanente. Este cambio legal busca acabar con la terminación inmediata de contratos laborales al declararse una incapacidad y promueve alternativas más inclusivas, como la adaptación del puesto o la reubicación dentro de la empresa. Aprobada por amplia mayoría, esta medida representa un paso significativo hacia la igualdad laboral y la eliminación de prácticas discriminatorias.
La reforma se llevó a cabo tras un largo proceso de debate entre los grupos políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos. El texto final fue respaldado por todos los partidos excepto Vox, obteniendo 251 votos a favor contra solo tres en contra. La nueva ley introduce modificaciones clave en el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social. Entre ellas, se encuentra la eliminación del despido automático cuando una persona sea declarada incapacitada permanentemente. En su lugar, se exige que las empresas consideren opciones como ajustar el trabajo actual o encontrar otra posición compatible con las nuevas necesidades del empleado.
Además, se incluye una cláusula que permite a las empresas evitar la adaptación del puesto si dicha acción implica una carga económica excesiva. Sin embargo, gracias a una enmienda presentada por Podemos, se establece que si el costo de dicha adaptación es menor que la indemnización por despido o seis meses de salario, no podrá argumentarse esa carga como excusa para despedir al trabajador. Esta disposición garantiza que las decisiones empresariales estén fundamentadas en criterios racionales y justos.
Otro aspecto destacado es la modificación del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, que elimina la vinculación entre la muerte del trabajador y la extinción del contrato laboral en casos de incapacidad. Asimismo, se incorporó una enmienda durante el trámite parlamentario que obliga al Gobierno a aprobar, en un plazo de un año, una ley específica para adaptar puestos de trabajo para guardias civiles, policías nacionales y miembros de las Fuerzas Armadas con discapacidad.
Organizaciones como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han celebrado esta iniciativa, calificándola de histórica. Según ellos, supone un avance crucial para erradicar una práctica discriminatoria arraigada en el sistema jurídico-laboral español. El CERMI expresó su gratitud al Ministerio dirigido por Yolanda Díaz y a los partidos políticos por su apoyo unánime a esta causa prioritaria para las personas con discapacidad.
Con esta reforma, España da un paso importante hacia un modelo laboral más inclusivo e igualitario, donde las capacidades individuales prevalecen sobre limitaciones físicas o médicas. Este cambio legislativo refleja un compromiso renovado con la dignidad laboral y los derechos humanos fundamentales.